viernes, 17 de abril de 2015

¿Por qué el Serenazgo no puede emplear armas no letales?

¿PORQUE LOS SERENOS NO PUEDEN EMPLEAR ARMAS NO LETALES?

La Policía Nacional del Perú tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras [1].

La función policial se enmarca dentro del ejercicio del poder de policía del Estado, que la Policía Nacional del Perú cumple en su condición de fuerza pública, para velar por la protección, seguridad y el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, el normal desarrollo de las actividades de la población y prestar apoyo a las demás instituciones del Estado, en el ámbito de sus competencias y funciones. El ejercicio de la función policial requiere conocimientos especializados, los cuales son adquiridos a través de la formación profesional. El profesional policial recibe una formación académica integral, de nivel universitario para Oficiales y de nivel técnico para Suboficiales, que les permite su buen desempeño profesional y desarrollo cultural, social y económico, con énfasis en la disciplina, el mérito, el respeto irrestricto a los derechos humanos, la ética, el liderazgo y el servicio público[2]

Para el Derecho Internacional de los derechos humanos el término “Funcionario encargado de hacer cumplir la ley” es sinónimo de policía, incluyendo a todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de arresto o detención. [3]

En este punto, cabe precisar que el concepto de arresto en el derecho internacional se entiende como el acto de aprehender a una persona con motivo de la supuesta comisión de un delito o por acto de autoridad, la detención se entiende como la condición de las personas detenidas privadas de la libertad personal, salvo cuando ello haya resultado de una condena por razón de un delito. [4]

En otras palabras el arresto está orientado a la acción de aprehender a la persona y la detención a la condición de esta persona al encontrarse privada de la libertad, bajo la custodia de la autoridad competente que cumple dicha función, es decir la Policía Nacional del Perú, sin embargo se suele confundir ambos términos como uno solo, sin considerar que uno es parte del otro en la función policial, puesto que el policía no puede detener sin antes aprehender.

En nuestro país, la mención al termino arresto inminentemente evoca la figura jurídica de arresto ciudadano, que es muy utilizada por los serenazgos municipales, ya que dicha figura permite a cualquier persona (ciudadano, no funcionario o servidor público ) aprehender a un infractor a la ley penal por un tema de flagrancia delictiva, privándolo así de su libertad personal, deduciendo algunos a partir de allí en forma errónea, que el sereno sería un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, y por tanto, estaría facultado a utilizar procedimientos policiales y armas no letales (medios de policía), sin encontrarse investidos del poder por una norma legal.

Al no reparar que el arresto ciudadano no es una función, sino la acción de retención que ejerce cualquier ciudadano amparado en su derecho a la seguridad, los serenos por desconocimiento, realizan funciones que no están bajo su competencia sin contar con un marco legal, aún más obvian que esta acción de retención únicamente puede ser convalidada por un acta formulada obligatoriamente por un efectivo policial; quien debe registrar los hechos por los que se privó de la libertad a la persona intervenida, colocando la forma y circunstancias en que el ciudadano retenido es entregado a la autoridad policial, proporcionándose así, una garantía de debido proceso y respeto a los derechos fundamentales del presunto infractor. Tras la entrega del presunto autor a las autoridades policiales, se inicia su custodia y consecuentemente su detención policial (condición de privación de la libertad) por flagrancia delictiva, en ese instante la custodia de la persona dependerá del efectivo policial, ese poder y facultad de la detención se debe ejercer mediante medios y procedimientos sujetos a normas legales muy estrictas en el desempeño de sus funciones.

Como se aprecia, la detención de una persona únicamente responde a un mandato constitucional que atribuye únicamente a la Policía Nacional del Perú, la restricción de la Libertad por mandato escrito y motivado del Juez o en flagrancia delictiva, el arresto ciudadano no es una detención ni una función atribuida constitucionalmente, en consecuencia el Serenazgo no realiza función policial, ni tiene poder o facultades para ejercerla.

En tal sentido, el Serenazgo no puede utilizar armas no letales (medios de Policía) puesto que estos instrumentos empleados para el cumplimiento de la función policial, por afectar derechos humanos durante su empleo como el derecho a la integridad física o el derecho a la libertad personal, deben estar acorde con los principios que el derecho internacional de los derechos humanos establece, es decir deben contar con una norma legal o ley que limite el ejercicio del poder, la cual no puede ser una Ordenanza Municipal, por cuanto según la Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 21) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “la palabra leyes en el artículo 30 de la Convención significa norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes”. Es decir solamente las normas que provengan de un procedimiento regular en el poder legislativo y ratificado por el ejecutivo pueden limitar o afectar derechos humanos.

Solo la Policía Nacional del Perú como funcionaria encargada de hacer cumplir la ley, está  facultada para ejercer el uso de la fuerza, con la finalidad de proteger un bien jurídico protegido por la constitución y la ley penal o en virtud a un mandato judicial escrito y motivado, por lo que tiene que utilizar medios y procedimientos apropiados aprobados por el Estado en la norma respectiva; en su caso el Serenazgo al aplicar medios de policía tendría que hacerlo basado en la obligación legal de defender un bien jurídico protegido también por la norma penal; sin embargo, este responde a la defensa de normas administrativas municipales como por ejemplo la prohibición del comercio ambulatorio que no es un delito, sino más bien una infracción administrativa.

En el caso de las operaciones para el manteniendo del orden público, los medios policiales más comunes son los cascos y escudos, que tienen por finalidad proteger al efectivo policial; sin embargo, estos mismos medios, utilizados tácticamente con formaciones y desplazamientos tácticos, pueden ser empleados para la restricción de derechos como el libre tránsito, por ejemplo:

En la Av. Abancay el personal policial que realiza formaciones en línea colocando sus escudos para impedir el tránsito hacia el Congreso de la República, lo hace en virtud a la necesidad de  proteger el patrimonio público y brindar seguridad a los Congresistas de la República, en ese caso, el medio (escudo), y el procedimiento (la formación policial) son permitidos y están enmarcados dentro de los principios de Legalidad, Necesidad y Proporcionalidad.
Cabe significar que, los PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO POR LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY, enumera los siguientes principios:

2.      Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán una serie de métodos lo más amplia posible y dotarán a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de armas y municiones de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. Entre estas armas deberían figurar armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando fuera apropiado, con miras a restringir cada vez más el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes. Con el mismo objetivo, también debería permitirse que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuenten con equipo auto protector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios de transporte a prueba de balas a fin de disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo.

      3. Se hará una cuidadosa evaluación de la fabricación y distribución de armas no letales incapacitantes a fin de reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los hechos y se controlará con todo cuidado el uso de tales armas.

1   13.   Al dispersar reuniones ilícitas pero no violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley evitarán el empleo de la fuerza o, si no es posible, lo limitarán al mínimo necesario.

      14.   Al dispersar reuniones violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán utilizar armas de fuego cuando no se puedan utilizar medios menos peligrosos y únicamente en la mínima medida necesaria. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se abstendrán de emplear las armas de fuego en esos casos, salvo en las circunstancias previstas en el principio 9.



[1] Art 166 CPP 1993
[2] Art. 4 Dec. Leg 1148 Lay de la PNP
[3] Art 1 Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
[4] Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. Adoptado por la Asamblea General en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988

viernes, 31 de agosto de 2012



El Comandante PNP Kristian Nikolay Gutiérrez Manrique, cuenta con 26 años de servicio en la Policía Nacional del Perú, tiempo en el cual desempeñó funciones en unidades especializadas de investigación criminal, de las cuales participó en su fundación, es decir las Divisiones de Investigación de Trata de Personas y la División de Alta Tecnología (Departamento de Pornografía Infantil); combatió el Delito de Trata de Personas, Pornografía Infantil, Secuestros, Violación sexual de menores; experiencia que le permitió trabajar como Asesor en la Dirección Gneral de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior, realizando ponencias en eventos nacionales e internacionales.

El propósito de este Blog es el de compartir la experiencia ganada durante su carrera policial en el área de investigación criminal y derechos humanos aplicados a la función policial.

Actualmente, desempeña el cargo del Departamento Desconcentrado de Investigación Contra la Corrupción en Madre de Dios de la Policía nacional del Perú.

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