¿PORQUE LOS SERENOS NO PUEDEN EMPLEAR ARMAS NO LETALES?
La Policía Nacional del Perú tiene por finalidad fundamental garantizar,
mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las
personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la
seguridad del patrimonio público y del privado. Previene,
investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras
[1].
La función policial se enmarca dentro del ejercicio del poder de policía
del Estado, que la Policía Nacional del Perú cumple en su condición de fuerza
pública, para velar por la protección, seguridad y el libre
ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, el normal desarrollo
de las actividades de la población y prestar apoyo a las demás instituciones
del Estado, en el ámbito de sus competencias y funciones. El
ejercicio de la función policial requiere conocimientos especializados, los
cuales son adquiridos a través de la formación profesional. El
profesional policial recibe una formación académica integral, de nivel
universitario para Oficiales y de nivel técnico para Suboficiales, que les
permite su buen desempeño profesional y desarrollo cultural, social y
económico, con énfasis en la disciplina, el mérito, el respeto irrestricto a
los derechos humanos, la ética, el liderazgo y el servicio público[2]
Para el Derecho Internacional de los derechos humanos el término
“Funcionario encargado de hacer cumplir la ley” es sinónimo de policía,
incluyendo a todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen
funciones de policía, especialmente las facultades de arresto o detención. [3]
En este punto, cabe precisar que el concepto de arresto en el derecho
internacional se entiende como el acto de aprehender a una persona con motivo
de la supuesta comisión de un delito o por acto de autoridad, la detención se
entiende como la condición de las personas detenidas privadas de la libertad
personal, salvo cuando ello haya resultado de una condena por razón de un delito.
[4]
En otras palabras el arresto está orientado a la acción de aprehender a
la persona y la detención a la condición de esta persona al encontrarse privada
de la libertad, bajo la custodia de la autoridad competente que cumple dicha
función, es decir la Policía Nacional del Perú, sin embargo se suele confundir
ambos términos como uno solo, sin considerar que uno es parte del otro en la
función policial, puesto que el policía no puede detener sin antes aprehender.
En nuestro país, la mención al termino arresto inminentemente evoca la
figura jurídica de arresto ciudadano, que es muy utilizada por los serenazgos
municipales, ya que dicha figura permite a cualquier persona (ciudadano, no funcionario o servidor público ) aprehender a un
infractor a la ley penal por un tema de flagrancia delictiva, privándolo así de
su libertad personal, deduciendo algunos a partir de allí en forma errónea, que
el sereno sería un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, y por tanto,
estaría facultado a utilizar procedimientos policiales y armas no letales (medios
de policía), sin encontrarse investidos del poder por una norma legal.
Al no reparar que el arresto ciudadano no es una función, sino la acción
de retención que ejerce cualquier ciudadano amparado en su derecho a la seguridad, los serenos por
desconocimiento, realizan funciones que no están bajo su competencia sin contar
con un marco legal, aún más obvian que esta acción de retención únicamente
puede ser convalidada por un acta formulada obligatoriamente por un efectivo
policial; quien debe registrar los hechos por los que se privó de la libertad a
la persona intervenida, colocando la forma y circunstancias en que el ciudadano
retenido es entregado a la autoridad policial, proporcionándose así, una
garantía de debido proceso y respeto a los derechos fundamentales del presunto
infractor. Tras la entrega del presunto autor a las autoridades policiales, se
inicia su custodia y consecuentemente su detención policial (condición de
privación de la libertad) por flagrancia delictiva, en ese instante la custodia
de la persona dependerá del efectivo policial, ese poder y facultad de la
detención se debe ejercer mediante medios y procedimientos sujetos a normas
legales muy estrictas en el desempeño de sus funciones.
Como se aprecia, la detención de una persona únicamente responde a un
mandato constitucional que atribuye únicamente a la Policía Nacional del Perú,
la restricción de la Libertad por mandato escrito y motivado del Juez o en
flagrancia delictiva, el arresto ciudadano no es una detención ni una función
atribuida constitucionalmente, en consecuencia el Serenazgo no realiza función
policial, ni tiene poder o facultades para ejercerla.
En tal sentido, el Serenazgo no
puede utilizar armas no letales (medios de Policía) puesto que estos instrumentos empleados
para el cumplimiento de la función policial, por afectar derechos humanos
durante su empleo como el derecho a la integridad física o el derecho a la
libertad personal, deben estar acorde con los principios que el derecho internacional
de los derechos humanos establece, es decir deben contar con una norma legal o
ley que limite el ejercicio del poder, la cual no puede ser una Ordenanza Municipal,
por cuanto según la Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A
No. 6, párr. 21) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “la palabra
leyes en el artículo 30 de la Convención significa norma jurídica de carácter
general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos
constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el
procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la
formación de las leyes”. Es decir solamente las normas que provengan de un
procedimiento regular en el poder legislativo y ratificado por el ejecutivo
pueden limitar o afectar derechos humanos.
Solo la Policía Nacional del
Perú como funcionaria encargada de hacer cumplir la ley, está facultada
para ejercer el uso de la fuerza, con la finalidad de proteger un bien jurídico
protegido por la constitución y la ley penal o en virtud a un mandato judicial
escrito y motivado, por lo que tiene que utilizar medios y procedimientos
apropiados aprobados por el Estado en la norma respectiva; en su caso el
Serenazgo al aplicar medios de policía tendría que hacerlo basado en la
obligación legal de defender un bien jurídico protegido también por la norma
penal; sin embargo, este responde a la defensa de normas administrativas
municipales como por ejemplo la prohibición del comercio ambulatorio que no es
un delito, sino más bien una infracción administrativa.
En el caso de las operaciones
para el manteniendo del orden público, los medios policiales más comunes son
los cascos y escudos, que tienen por finalidad proteger al efectivo policial;
sin embargo, estos mismos medios, utilizados tácticamente con formaciones y
desplazamientos tácticos, pueden ser empleados para la restricción de derechos
como el libre tránsito, por ejemplo:
En la Av. Abancay el personal policial que realiza
formaciones en línea colocando sus escudos para impedir el tránsito hacia el
Congreso de la República, lo hace en virtud a la necesidad de proteger el
patrimonio público y brindar seguridad a los Congresistas de la República, en
ese caso, el medio (escudo), y el procedimiento (la formación policial) son
permitidos y están enmarcados dentro de los principios de Legalidad, Necesidad
y Proporcionalidad.
Cabe significar que, los PRINCIPIOS BÁSICOS
SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO POR LOS FUNCIONARIOS
ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY, enumera los siguientes principios:
2. Los
gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán una
serie de métodos lo más amplia posible y dotarán a los funcionarios
correspondientes de distintos tipos de armas y municiones de modo que puedan
hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. Entre estas
armas deberían figurar armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando
fuera apropiado, con miras a restringir cada vez más el empleo de medios que
puedan ocasionar lesiones o muertes. Con el mismo objetivo, también debería
permitirse que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuenten con
equipo auto protector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas
y medios de transporte a prueba de balas a fin de disminuir la necesidad de
armas de cualquier tipo.
3. Se
hará una cuidadosa evaluación de la fabricación y distribución de armas no
letales incapacitantes a fin de reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones
a personas ajenas a los hechos y se controlará con todo cuidado el uso de tales
armas.
1 13. Al dispersar reuniones
ilícitas pero no violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
evitarán el empleo de la fuerza o, si no es posible, lo limitarán al mínimo
necesario.
14. Al dispersar reuniones
violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán utilizar
armas de fuego cuando no se puedan utilizar medios menos peligrosos y
únicamente en la mínima medida necesaria. Los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley se abstendrán de emplear las armas de fuego en esos casos, salvo
en las circunstancias previstas en el principio 9.
[1] Art 166 CPP 1993
[2] Art. 4 Dec. Leg 1148 Lay de la PNP
[3] Art 1 Código de conducta para funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley
[4] Conjunto de Principios para la
protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o
prisión. Adoptado por la Asamblea General en su resolución 43/173, de 9 de
diciembre de 1988

